Pensar por cuenta propia en Matanzas

 











 Por: Adrialis Rosario Zapata y Jeidi Suárez García
  Años atrás, cuando Clara decidió abrir una habitación para rentar, poco se sabía de las formas de gestión no estatal. Transcurría el 2010 y el sistema económico cubano experimentaba significativas modificaciones en aras de desarrollar y consolidar la economía de la nación.

Aunque dicha modalidad no era desconocida para el ordenamiento jurídico cubano, su existencia se caracterizó por estar bajo continuas restructuraciones legales que imposibilitaban el desarrollo sostenible de quienes ejercían esta actividad.

Su fundamentación en los Lineamientos de la Política Económica del Partido y la Revolución, abrió una nueva etapa para la sociedad. Timbiriches, barberías, restaurantes, florerías y los más disímiles negocios matizaron el entorno.

Sujeto a constantes regulaciones, el trabajo por cuenta propia (TCP) no se ha visto exento de problemáticas que limitan tanto su gestión interna como el desarrollo del nuevo modelo.

INQUIETUDES A LA PUERTA

La irregularidad en la entrega de los talonarios, la necesidad de un contador diferenciado para el área del negocio, así como de un mercado mayorista para adquirir sábanas, toallas, jabones, papel sanitario y otros insumos básicos, son solo algunas de las inquietudes de los arrendadores que colaboraron con este reportaje, pero prefirieron mantener sus nombres en el anonimato. 
“Se deben facilitar los trámites para reportar los datos de los clientes a inmigración, pues en ocasiones tenemos que ir varias veces a la semana, lo que entorpece nuestro trabajo. ¿Por qué no hacerlo a través del correo o por vía telefónica?”, pregunta uno de los entrevistados.

La fiscalización constituye otro de los temas más polémicos. El motivo de la selección para imponer la multa en la mayoría de los casos no queda claro y según algunos gestores ante las determinaciones cuantiosas de deudas los argumentos no son lo suficientemente claros.

Omar Ramírez Ramírez, miembro del secretariado de la CTC Provincial, declara que dicha organización ha realizado el ejercicio de representación al lado de los TCP hasta el último momento de su reclamación y al final estos no quedan convencidos. “Creo que la Oficina de Administración Tributaria (Onat) debe demostrar con elementos el motivo de la multa”, agrega.

Sobre el tema Ariadna Navarro Siberio, directora de la Oficina de Administración Tributaria en el territorio interviene: “Existen varios tipos de acciones para determinar la subdeclaración, los más comunes son las de fiscalización durante el periodo de campaña o sobre la venta de carros, casas y otras propiedades”.

“Se realiza un trabajo minucioso teniendo en cuenta los niveles de ingreso del contribuyente, ubicación del negocio, afluencia de clientes, público, etc. Para la determinación de deudas tomamos las declaraciones firmadas por el mismo donde se refiere a sus gastos, precios, cantidad de clientes”.
Navarro Siberio agrega que en una primera instancia, la institución le apercibe para que rectifique su Declaración Jurada. Una vez terminada la campaña si el ciudadano no está de acuerdo, tiene el derecho de presentar recursos de reforma y de alzada donde puede mostrar todas las pruebas desde el punto de vista tributario. Solo cuando los elementos son demostrables es posible disminuir la deuda, como ha sucedido en algunos casos.

CRITERIOS SOBRE LA MESA

Las actuales legislaciones ofrecen un nuevo comienzo para las personas que ejercen actividades no estatales, cuya cifra al cierre de enero alcanzaba los 43 274. Con mayor aceptación irrumpen en el mercado cubano como verdaderos sujetos económicos, capaces de generar empleo, prestar servicios y crear productos con eficiencia.

De acuerdo con Ohysa González Pérez, subdirectora de Empleo en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, “Matanzas se mantiene como la segunda provincia con mayor número de cuentapropistas. Entre los principales territorios, además de la cabecera municipal, figuran Cárdenas, Jovellanos, Colón y con una gran carga en la modalidad de arrendamiento, la Ciénaga de Zapata.

“Las actividades más representativas son las cafeterías de alimentos ligeros, carretilleros o vendedores de productos agrícolas, transporte de carga y pasajeros con medios de tracción humana o animal, agentes de comunicaciones, entre otros”.

Sin dudas, este sector tiene gran impacto en los ingresos del país, mas, a pesar de los logros, aun resta por hacer si de satisfacer sus necesidades se trata.

“Se nos hace sumamente difícil vender sin la materia prima para confeccionar las bisuterías. Si esta existiera en el país o permitieran la utilización de la que se produce en el exterior, sería mucho más fácil y hasta la población se beneficiaría con la rebaja de los precios”, manifiesta Vivian Lorenzo García, quien vende estas confecciones en la Calle Medio.

Con ella concuerda, Elina Alfonso González quien desde hace siete años ejerce como TCP y destaca cuánto afecta sus ventas y ganancias la ausencia de un mercado mayorista.

“Compramos las flores a otros TCP que las cultivan. Los lazos y las cintas para confeccionar los arreglos son muy difíciles de conseguir, a veces tenemos que ir hasta La Habana”, explica Yamaris Mejía Marrero, fabricante de coronas y flores.

No muy lejos Mario Drake Bacallao y Ernesto Aldama de la Rosa, quienes poseen una cafetería de alimentos ligeros, expresan lo complejo que resulta desempeñar su labor cuando escasean productos como el huevo.

UN MARCO A LOS DERECHOS

Además de los Lineamientos, existe un conjunto de normativas destinadas a regular dicho sector y a establecer tanto las responsabilidades como los derechos que le atañen. Las Resoluciones No. 41 y 42 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, buscan fomentar y apoyar la inserción en tal modalidad.

“En la primera se le otorga a los trabajadores por cuenta propia la posibilidad de contratar al personal que estime conveniente para llevar a cabo su negocio, mayores facilidades para comercializar y contratar con entidades estatales, y también queda regulada su vinculación al sistema de Seguridad Social”, aclara Dayamé Delgado Hernán, subdirectora de Empleo en la Dirección Municipal de Trabajo de Matanzas.

“La Resolución No. 42 autoriza hasta 201 actividades económicas que pueden realizar en la actualidad. De igual forma queda estipulado en estas legislaciones la posibilidad de realizar más de una si así lo desean”, agrega.

La Licenciada Iskra Rivera González, directora del Bufete Colectivo Matanzas I, resalta que el actual marco regulatorio incluye además el nuevo código de trabajo del 17 de junio de 2014, la Ley 113 del sistema tributario del 21 de noviembre del 2012 y la resolución no. 353 del Ministerio de Finanzas y Precios del 26 de septiembre de 2013, estas dos últimas referidas al cobro de los impuestos.

“Se incluye además el Decreto-Ley 289 del Consejo de Estado y tres Resoluciones, la No. 99, 100 y 101 del Banco Central de Cuba de 2013, donde se establece, entre otras cosas la posibilidad de acceder a créditos bancarios”, añade.

Pero aunque los derechos laborales que refrenda la ley cubana para los trabajadores estatales son válidos también para quienes lo hacen por cuenta propia, cuestiones como el contrato, las vacaciones remuneradas, el regreso de la mujer al trabajo que tenía durante el embarazo y la seguridad social a corto plazo, aun requieren de mayor estudio. 


“En muchos casos la ausencia del contrato, documento que se pacta entre las dos partes, constituye una deficiencia. Algunos aseguran no saber hacerlo o que efectúan pagos por acuerdo y no lo ven necesario, pero lo cierto es que resulta fundamental que todos los contratados reciban este documento por escrito”, enfatizan Daymí Martínez Domínguez, funcionaria de la esfera de asuntos laborales y sociales de la CTC provincial y Annia Hernández Alemán, miembro del secretariado de la organización.

Las flexibilidades que posee el sector no estatal, tanto al confeccionar el contrato, como al definir la pensión, vestimenta y horarios, complejiza la respuesta inmediata a tales dificultades, pero la solución resulta inminente.

Sin embargo, otro tema genera polémica hoy entre la población: las regulaciones sobre el ordenamiento de las formas de gestión no estatales en el Polo Turístico de Varadero. Destinadas a garantizar la buena imagen del entorno, preservación del medio ambiente, así como la seguridad y tranquilidad ciudadana, estas medidas suponen nuevos retos.

Algunos ya manifiestan su inconformidad o simpatía con la decisión de ser reubicados en las plazas. A otros les preocupa cuánto afectará sus ingresos perder el arrendamiento de espacios. En aras de no perjudicar los ingresos familiares y evitar las injusticias o malas interpretaciones, las autoridades del territorio deben implementar las nuevas medidas con la mayor precaución.

Al mismo tiempo, tanto estos trabajadores como el resto de los inscriptos no deben obviar sus responsabilidades sin perder de vista la función social de un sector que no por novedoso, deja de ser importante.